El gobierno federal anunció este miércoles una serie de acciones de carácter emergente y alcance nacional con la finalidad de enfrentar la violencia en contra de las mujeres y disminuir la incidencia de delitos como feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia y abusos sexuales, entre otros.
El plan, dado a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Nadine Gasman, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), tiene como punto de partida el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es un problema de Estado y por lo tanto debe formar parte de la estrategia nacional de seguridad.
La idea es poner en marcha acciones inmediatas, con independencia de la revisión que también se hará de la política pública nacional respecto a los feminicidios y otros delitos.
En el centro del diseño de este plan emergente se encuentra el dato dado a conocer el pasado 22 de noviembre por la Organización de las Naciones Unidas, que en un comunicado oficial alertó que en México son asesinadas al día 9 mujeres y niñas, a lo que se suma el hecho de que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han sufrido algún nivel de violencia.
De acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas en carpetas de investigación abiertas por el delito de feminicidio pasaron de 422 en 2015 a 872 en 2018, lo que equivale a un crecimiento superior al 100%.
La titular del Inmujeres, Nadin Gasman, señaló que los refugios para mujeres víctimas de violencia siguen funcionando y brindando servicio, pero bajo la rectoría y supervisión del Estado.
Añadió que en el paquete legislativo que enviarán se contemplan castigos para los funcionarios públicos que apliquen estereotipos contra las mujeres. Esta estrategia arrancará en zonas que han sido delineadas como prioritarias en el plan de seguridad del gobierno federal, donde hay más altos niveles delictivos relacionados con la violencia feminicida.
Algunas de las acciones son las siguientes:
*Reconocimiento de que las distintas formas de violencia contra las mujeres (desde el feminicidio hasta el abuso sexual) son un problema de Estado y no un asunto de particulares, y que por lo tanto es responsabilidad del mismo asumir una estrategia integral para combatirlo.
*Incorporar en la atención de las regiones prioritarias identificadas en la estrategia de seguridad del gobierno federal mecanismos de prevención y seguimiento de delitos como el feminicidio, la violencia sexual, el secuestro de mujeres, la desaparición, entre otros.
*Un registro y monitoreo de casos para identificar lugares y horarios de ocurrencia, y facilitar con ello la identificación de dinámicas delictivas con el objetivo de poner en marcha acciones para combatirlas.
*Iniciar un registro nacional de niñas y niños huérfanos de feminicidios con la finalidad de poner en marcha esquemas para su atención.
*Fortalecer mecanismos de prevención y coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la atención de delitos relacionados con violencia contra las mujeres.
*Revisión de los procedimientos de alerta de género y su efectividad. Actualmente hay 17 declaradas de 33 solicitudes presentadas.
*Revisión del sustento jurídico y funcionamientos de los Centros de Justicia para las Mujeres que existen en las entidades.
*Establecer mecanismos de coordinación entre fiscalías y escuelas para identificar el maltrato infantil.
*Desarrollar aplicaciones móviles para que las mujeres puedan identificar zonas de alto riesgo y que las autoridades puedan reaccionar más rápido.
*Auditoría de los casos de feminicidio, violencia sexual, violencia familiar y desaparición para identificar líneas y vacíos en la investigación.
*Aplicaciones móviles para que las mujeres puedan identificar zonas de alto riesgo y que las autoridades puedan reaccionar más rápido.
