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La oficina de derechos humanos de la ONU advirtió el martes que la deportación de cientos de inmigrantes venezolanos de Estados Unidos a El Salvador “está generando enormes preocupaciones en materia de derechos humanos”.
“Los abogados no saben dónde están”, declaró Liz Throssell, portavoz del ACNUDH, en una conferencia de prensa en Ginebra. “De hecho, nadie sabe con certeza dónde están, y desconocemos el fundamento jurídico”.
En marzo, el gobierno de Estados Unidos deportó a El Salvador a más de 200 inmigrantes venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla Tren de Aragua, pagando al gobierno salvadoreño para encarcelarlos.
Desde entonces, no han tenido acceso a abogados ni posibilidad de comunicarse con sus familias. Ni el gobierno estadounidense ni el salvadoreño han dicho cómo podrían recuperar su libertad.
“Los informes indican que muchos de los detenidos no fueron informados de la intención del gobierno de Estados Unidos de deportarlos para que fueran retenidos en un tercer país, que muchos no tuvieron acceso a un abogado y que, en la práctica, no pudieron impugnar la legalidad de su expulsión antes de ser expulsados de Estados Unidos”, dijo Throssell.
Los vuelos que transportaban inmigrantes ya estaban en el aire cuando un juez federal emitió una orden que prohibía temporalmente las deportaciones en virtud de una declaración de guerra del siglo XVIII dirigida a miembros de pandillas venezolanas.
Los inmigrantes fueron llevados a la famosa instalación CECOT, pieza central del esfuerzo del presidente salvadoreño Nayib Bukele por pacificar su país, otrora asolado por la violencia, a través de duras medidas policiales y límites a los derechos básicos.
Bukele acordó albergar a unos 300 inmigrantes durante un año a un costo de 6 millones de dólares en las cárceles de su país.
“La Oficina de Derechos Humanos de la ONU tiene información de familiares y abogados sobre más de 100 venezolanos que se cree están detenidos en CECOT”, dijo Throssell.
Organizaciones internacionales de derechos humanos presentaron el viernes una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que la comisión ordene al gobierno de El Salvador liberar a los venezolanos.
Los inmigrantes fueron expulsados después de que Trump declarara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que se ha utilizado sólo tres veces en la historia de Estados Unidos.
La ley, invocada durante la Guerra de 1812 y las Guerras Mundiales Primera y Segunda, requiere que un presidente declare que Estados Unidos está en guerra, lo que le otorga poderes extraordinarios para detener o expulsar a extranjeros que de otro modo tendrían protección bajo las leyes de inmigración o penales.
Se utilizó por última vez para justificar la detención de civiles estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.
La administración Trump dijo que los hombres deportados eran miembros de la pandilla Tren de Aragua.
El Tren de Aragua se originó en una prisión infamemente anárquica en el estado central de Aragua y acompañó el éxodo de millones de venezolanos, la abrumadora mayoría de los cuales buscaban mejores condiciones de vida después de que la economía de su nación se derrumbara durante la última década.
Trump aprovechó el ataque de las pandillas durante su campaña para pintar imágenes engañosas de comunidades que, según él, estaban “tomadas” por lo que en realidad eran un puñado de infractores de la ley.
La administración Trump no ha identificado a los inmigrantes deportados ni ha aportado ninguna prueba de que sean miembros del Tren de Aragua o de que hayan cometido algún delito en Estados Unidos.
También envió a El Salvador a dos altos miembros de la pandilla salvadoreña MS-13 que habían sido arrestados en Estados Unidos.
“Las familias con las que hemos hablado han expresado una sensación de total impotencia ante lo sucedido y su dolor al ver a sus familiares etiquetados y tratados como criminales violentos, incluso terroristas, sin que haya un fallo judicial que confirme la validez de lo que se les acusa”, dijo Throssel.
Fuente: africanews
Publicado por AiSUR
Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020
