Costa Rica asesinato Rojas
Cerca de 200 organizaciones de una veintena de países responsabilizan hoy al estado costarricense del asesinato del líder indígena bribri Sergio Rojas y aseguran que por ello el Bicentenario de la Independencia está manchado de sangre.
En un comunicado de prensa divulgado en redes sociales con motivo de una vigilia anoche frente a la Asamblea Legislativa de Costa Rica, esas entidades afirman que el asesinato de Rojas es un crimen político cuyo responsable es el Estado costarricense.
'La inacción, la desidia, la negligencia y la incompetencia de éste y de los gobiernos anteriores para resolver la usurpación de los territorios indígenas y de las autoridades judiciales y policiales de Buenos Aires de Osa, para asegurar la integridad de Sergio y de muchas más personas indígenas, llevaron a su asesinato', denuncian.
Recuerdan que el miembro fundador y coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) fue asesinado en su casa en la comunidad Yeri, territorio indígena de Salitre, cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas, la noche del lunes pasado.
El texto indica que el Estado costarricense estaba perfectamente enterado de las acciones de usurpación de los territorios indígenas y otros actos de asedio, persecución, amenazas y atentados directos contra Sergio y muchos más indígenas, y hubo varios intentos de homicidio contra el mismo Sergio y muchos otros indígenas de la zona sur.
'Ante todos esos casos, el Estado costarricense nunca aplicó protocolos de prevención de la violencia y mantuvo una actitud que sigue propiciando la indefensión y la impunidad. En ninguno de esos casos los agresores fueron condenados', sostiene.
Refiere que ante las amenazas sufridas por los pueblos indígenas y a solicitud de las comunidades Salitre y Térraba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictaminó en 2015 garantizar la vida e integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y Bribri de Salitre.
En esa medida cautelar la Comisión considera 'la gravedad de la situación, la urgencia de la situación, y el daño irreparable'. Pero un año después, el informe de la décimo cuarta misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena asevera que 'el Gobierno de Costa Rica no ha dado muestra de soluciones efectivas, ni demostrado ninguna voluntad política por resolver estos problemas'.
Ante las agresiones demostradas la policía nunca actuó con responsabilidad, subraya el comunicado y agrega que esa inacción de Estado, de las instancias judiciales y de la Delegación de la Fuerza Pública de Buenos Aires fueron accidentada.
La escalada de violencia contra los pueblos indígenas es un proceso de agresiones históricas que se recrudeció en las últimas décadas, y particularmente a partir del 2010 con el desalojo de los indígenas de la Asamblea Legislativa, dicen los firmantes del documento.
Resalta que ante ese violento desalojo fue que los pueblos indígenas decidieron defender la reinvindicación y ejercicio del derecho humano a la Tierra del pueblo Bribri y de todos los pueblos originarios de Costa Rica.
Por todo lo anterior, la sociedad costarricense, los pueblos indígenas y cientos de organizaciones y colectivos sociales exigen que no haya impunidad y se abra una investigación exhaustiva para encontrar, responsabilizar, juzgar y castigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Rojas.
Demandan asimismo al Estado costarricense, cuyo accionar fue calificado de 'débil' por la Defensoría de los Habitantes en 2018 y de 'omisión de las nuevas autoridades gubernamentales en el seguimiento al proceso', garantizar la integridad y la vida de todas las personas indígenas que acompañaban a Sergio en su lucha, pues siguen sufriendo amenazas y asedio similares a los que culminaron con el asesinato de Sergio.
