El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, firmó este martes el Decreto 1525 de 2026, para regular el desarrollo de la protesta social en el país. Tras la promulgación de la norma, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que el Ejecutivo estrenará el nuevo mecanismo de control durante las manifestaciones antigubernamentales convocadas para este miércoles, las cuales reunirán a sindicatos, organizaciones indígenas y sectores de la izquierda, que cuestionan las políticas económicas, laborales y de seguridad del gobierno de Abelardo De la Espriella.
La medida establece que la mediación y el diálogo constituyen una regla preferente ante hechos de violencia, aunque aclaró que esto no postergará acciones individuales contra agresores. La jornada de movilización a realizarse el día de hoy, impulsada por centrales sindicales, organizaciones indígenas y diversos sectores civiles, representa la primera gran prueba de contestación social para la Administración de De la Espriella, a dos meses de asumir la presidencia.
Las organizaciones convocantes buscan expresar reivindicaciones en materia laboral, educativa y territorial, al tiempo que manifiestan su profundo rechazo frente a las decisiones iniciales del gabinete y la preocupación por las restricciones oficiales impuestas al derecho a la movilización pública.
Límites legales al uso de la fuerza
Por su parte, el jefe de Estado subrayó que la protesta pacífica se mantiene como una garantía constitucional, pero recalcó que dicho derecho no habilita la destrucción de bienes públicos, la agresión a ciudadanos ni el bloqueo de servicios de emergencia.El decreto contempla expresamente que si la manifestación presenta actos violentos con uso de armas o artefactos incendiarios desde su inicio, la fuerza pública podrá intervenir de manera inmediata contra los responsables, sin necesidad de agotar previamente las instancias de diálogo.
En consonancia con el mandatario, el ministro Lara calificó la normativa como un instrumento democrático que respeta el derecho a la manifestación, pero prohíbe terminantemente el cierre de arterias viales. De acuerdo con el texto oficial, la obstrucción de rutas no despoja automáticamente el carácter pacífico de una marcha, por lo que la disolución solo procederá en situaciones excepcionales donde las afectaciones resulten graves, sostenidas y no existan alternativas menos perjudiciales.
Asimismo, el documento estipula que cualquier acción policial o militar durante las protestas, estará estrictamente regida bajo el principio de uso mínimo y proporcional de la fuerza. Las autoridades reiteraron que los manifestantes que recurran al lanzamiento de objetos, retención de personas o bloqueo del transporte masivo responderán penalmente ante la ley.
Con la entrada en vigor de esta normativa, el gobierno busca sentar un precedente para garantizar el orden público sin paralizar el funcionamiento de las ciudades, mientras los colectivos sociales se preparan para tomar las calles en respuesta a las recientes medidas económicas y políticas del Ejecutivo.
Fuente: CiudadCCS
Publicado por AiSUR
Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020
