La expresidenta argentina Cristina Fernández denunció hoy ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que la causa Vialidad por la que cumple cárcel domiciliaria y proscripción política viola sus garantías fundamentales.

La comunicación que presentó hoy su equipo de abogados ante la sede en Buenos Aires de ese organismo internacional sostiene que la exdignataria es víctima de persecución política y reclama medidas cautelares para dejar sin efecto la inhabilitación perpetua y modificar las condiciones de su prisión domiciliaria.

Al margen de ese acto, Cristina Fernández difundió por X una “Carta Abierta” dirigida a “cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza mayor que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”.

En su escrito la expresidenta afirma que ha dedicado su vida al servicio de Argentina. “Lo hice con la convicción de que la política es la herramienta más noble para transformar la realidad, para ampliar derechos y para construir un país más justo, más libre y más solidario”.

“Por eso, el ataque del que hoy soy víctima no tiene como destinataria únicamente a una persona. Tiene como destinatario a un proyecto político y, por encima de todo, a la voluntad soberana del pueblo argentino”.

Su defensa sostiene que el juicio por el caso Vialidad constituye una violación de múltiples garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y afirma que el proceso tuvo como finalidad la proscripción electoral de Cristina Fernández de Kirchner, mientras “la condena persigue impedir su candidatura en futuras elecciones.

“La inhabilitación perpetua constituye una restricción indebida de sus derechos políticos”, subrayan los abogados en la presentación entregada al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

El documento también cuestiona la legalidad de la condena. Entre otros puntos, sustenta que a la exmandataria “se le atribuyó la responsabilidad de actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente”, y la sentencia “se basó en la firma del Decreto 54/2009, todavía vigente” y que “se impidió una adecuada defensa”.

Otro de los ejes de la denuncia contra el Estado argentino advierte la falta de imparcialidad de los jueces del tribunal que intervinieron en la causa, quienes están relacionados con políticos oficialistas.

Además, la defensa denuncia la violación del principio de presunción de inocencia. Afirma que “desde el inicio del proceso existió una presunción de culpabilidad” e incluso sostiene que “el actual Presidente de la Nación (Javier Milei) habría presentado públicamente la condena como una decisión impulsada por él”, lo cual evidencia persecución política.

Los abogados buscan que el organismo de la ONU analice si durante el trámite de la causa se incumplieron obligaciones asumidas por el Estado argentino en materia de derechos humanos.

Tienen como antecedente el caso Lula en el cual el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que el proceso seguido contra el mandatario brasileño vulneró garantías del debido proceso, una resolución que ahora buscarán utilizar como referencia en el caso de la expresidenta argentina.

La instancia internacional debe efectuar primero un examen de admisibilidad para determinar si la presentación reúne los requisitos necesarios para avanzar. Si supera esa instancia, el organismo podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

Las decisiones del Comité no anulan sentencias judiciales nacionales, aunque constituyen pronunciamientos de peso en el ámbito internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados.

Fuente: Prensa Latína
Publicado por AiSUR
Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020.