La administración Trump está reactivando una norma que podría negar la residencia permanente a los inmigrantes que utilizan beneficios públicos, entre los que se incluyen cupones de alimentos, Medicaid, subsidios de vivienda y otros.

La política, conocida como “carga pública”, apareció el jueves en el Registro Federal. Se publicará formalmente el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre. Según esta política, los solicitantes de la tarjeta de residencia permanente deben demostrar que no representarían una carga para el país ni una “carga pública”.

Esta política se implementó por primera vez en febrero de 2020 como una de las medidas del presidente Donald Trump para limitar la inmigración legal durante su primer mandato, pero se revirtió después de que el presidente demócrata Joe Biden llegara al poder.

Su regreso se produce en un momento en que la administración republicana está implementando una política de línea dura para frenar tanto la inmigración ilegal como la legal , y cuando el costo de la atención médica y los alimentos está aumentando.

El gobierno federal "reafirma la necesidad de la autosuficiencia, protege los recursos públicos y pone fin a las políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses que trabajan arduamente", declaró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en una publicación en su cuenta X.

“Bajo la presidencia de Trump, el USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”, decía la publicación.

Si bien la represión del gobierno contra la inmigración se ha centrado cada vez más en las deportaciones y la aplicación de las leyes de inmigración en ciudades de todo el país, así como en las fronteras y los puntos de entrada, también ha tomado medidas dirigidas a los inmigrantes legales y a las familias con estatus migratorio mixto, en las que los padres son extranjeros con hijos nacidos en Estados Unidos.

La regla amplía las opciones de descalificación.

La ley federal ya exige que quienes solicitan la residencia permanente o un estatus legal demuestren que no se convertirán en una carga pública. Sin embargo, la normativa de la administración Trump amplía los motivos de descalificación.

La nueva norma no describe ni especifica los beneficios y programas que podrían considerarse una carga pública. En cambio, indica que los funcionarios encargados de implementar la política tomarán decisiones individualizadas y específicas sobre la inadmisibilidad por carga pública, basadas en la totalidad de las circunstancias del extranjero.

El texto indica que, “utilizando el buen juicio y la discreción, los funcionarios evaluarán con mayor precisión la probabilidad de que un extranjero se convierta en una carga pública en cualquier momento”.

La administración Trump promovió esta norma por primera vez en 2018 como una forma de garantizar que solo aquellos que fueran autosuficientes ingresaran a Estados Unidos. Los defensores de los derechos de los inmigrantes la criticaron, afirmando que equivalía a una "prueba de riqueza". Los expertos en salud pública señalaron que tendría peores resultados en materia de salud.

Manatt Health, un grupo que asesora a los gobiernos estatales y federales, estimó que la política habría disuadido a unos 26 millones de personas de buscar atención médica, alimentos, vivienda u otro tipo de ayuda a través de programas para los que reunían los requisitos según la ley federal. Aproximadamente la mitad eran ciudadanos estadounidenses, en su mayoría niños o adultos que vivían en familias con estatus migratorio mixto, según el grupo.

Los expertos también señalaron que la mayoría de las personas que reciben beneficios del gobierno ya son residentes legales.

Un estudio de 2020 del Migration Policy Institute señaló que, si bien los "efectos disuasorios" pueden ser enormes, el número de inmigrantes que podrían ser considerados no elegibles para la residencia permanente legal debido al uso de alguno de los beneficios públicos contemplados en la norma era pequeño.

El instituto estimó que no más de 167.000 personas —menos del 1% de los 22,1 millones de no ciudadanos que residían en Estados Unidos en ese momento— podrían ser consideradas no aptas para obtener una tarjeta de residencia permanente en función del uso que hicieran actualmente de un beneficio incluido en la lista.

Según la Oficina del Censo, en 2023 había 22,8 millones de personas no ciudadanas viviendo en Estados Unidos.

Los críticos afirman que la norma genera temor en la comunidad.

Las organizaciones no gubernamentales afirmaron que la política generó confusión y temor, y provocó que muchos inmigrantes y sus familiares nacidos en Estados Unidos decidieran no solicitar los beneficios y servicios a los que tenían derecho.

Los defensores de los inmigrantes condenaron la decisión del gobierno de reactivar la norma de la "carga pública" y expresaron su preocupación.

“Esta regulación es un ataque directo contra las familias inmigrantes y una amenaza para la salud y la seguridad económica de nuestro país”, declaró Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Coalición para la Protección de las Familias Inmigrantes. “La administración Trump basa sus decisiones migratorias en prejuicios y política, sin importar el daño que esto pueda causar”.

Sarah Krieger, asesora principal de políticas del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, dijo que la norma haría que los inmigrantes tuvieran miedo de ir al médico, comprar alimentos en el supermercado y presentar sus declaraciones de impuestos.

«Con esta nueva norma, están sembrando el miedo y el caos para, en última instancia, transformar Estados Unidos en un país donde solo sean bienvenidos unos pocos blancos y ultrarricos», declaró Krieger. «La norma no solo es profundamente perjudicial, sino que también viola la ley».

Fuente: AP
Publicado por AiSUR
Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020.