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Cuestionan el criterio utilizado por el Gobierno para definir la actualización, ya que sólo reconoce la inflación mensual reciente sin reparar en la pérdida acumulada de poder adquisitivo tras años de congelamiento y retraso en los aranceles.
En Argentina, el Gobierno nacional aprobó un nuevo aumento en los aranceles del sistema de prestaciones destinadas a personas con discapacidad, con una suba del 2,60% correspondiente a mayo de 2026. La medida, lejos de aliviar la situación del sector, volvió a generar críticas entre prestadores, instituciones y familias, que consideran insuficiente el ajuste frente al profundo atraso acumulado en los valores oficiales durante los últimos años.
El aumento fue calculado tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) alcanzó el 2,6%. El ajuste se aplicará de manera uniforme a todas las prestaciones, sin diferencias entre los distintos servicios incluidos en el nomenclador oficial.
La resolución, firmada por el titular de la Secretaría de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, también contempla un adicional del 20% para prestaciones realizadas en provincias de la región patagónica, consideradas zonas desfavorables.
El incremento impacta sobre una amplia red de servicios esenciales vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los sectores alcanzados se encuentran transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares, centros de día, instituciones educativas, servicios de rehabilitación y profesionales independientes que trabajan dentro del sistema oficial.
No obstante, desde organizaciones e instituciones vinculadas al área cuestionaron el criterio utilizado por el Gobierno para definir la actualización, al considerar que únicamente reconoce la inflación mensual reciente sin reparar en la pérdida acumulada de poder adquisitivo generada por años de congelamiento y retraso en los aranceles.
Según datos difundidos por representantes del sector, la brecha entre los costos reales de funcionamiento y los valores reconocidos oficialmente supera actualmente el 40%. Prestadores advierten que el incremento constante de salarios, insumos médicos, combustibles y transporte dejó a numerosos servicios al borde de una crisis financiera.
En ese contexto, distintas organizaciones reclaman la aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), aprobada por el Congreso argentino el año pasado y respaldada posteriormente en diversas instancias judiciales. Asimismo, cuestionan iniciativas del oficialismo orientadas a modificar la normativa vigente mediante proyectos que reducirían prestaciones y coberturas.
La actualización anunciada para mayo se suma al incremento del 3,40% otorgado en abril, calculado en base al IPC de marzo. Sin embargo, familias sostienen que estos ajustes mensuales no alcanzan para revertir el atraso histórico del nomenclador ni para garantizar la sostenibilidad de un sistema que enfrenta crecientes dificultades económicas y operativas.
Fuente: teleSUR.net.ve
Publicado por AiSUR
Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020.
