Foto: teleSUR
En un movimiento que generó fuertes críticas, el Presidente Javier Milei implementó un bono conocido como «sobresueldo» para funcionarios que logren reducir el personal en sus respectivas áreas.
Esta medida, que ya se conoce en Argentina como el «bono crueldad», busca premiar a aquellos ministros, secretarios, subsecretarios, viceministros o directores que despidan más empleados públicos en el transcurso del mes.
La normativa, publicada en el Boletín Oficial, establece que se podrán asignar unidades retributivas adicionales a los funcionarios que hayan logrado recortes significativos en su dotación de personal.
La medida es duramente criticada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que convocó a un nuevo paro y movilización.
«No nos sonroja», fue la respuesta desde el Poder Ejecutivo, justificando la iniciativa como parte de una estrategia de racionalización del gasto público. Sin embargo, para muchos, esta política se antoja un ejercicio de crueldad que fomenta la competencia entre funcionarios y generando un clima de tensión e incertidumbre en la administración pública.
Con 50.000 contratos públicos a punto de vencer al final de este mes, la presión sobre los funcionarios para reducir personal aumenta, lo que podría traducirse en una mayor cantidad de unidades retributivas para aquellos que logren los recortes más significativos.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, calificó la decisión como «escandalosa» y afirmó que «le están pagando a algunos funcionarios para hacer el trabajo sucio de destruir el Estado». Esta postura refleja el descontento generalizado entre los trabajadores públicos, que ven en esta medida una amenaza directa a su estabilidad laboral.
La normativa establece que las unidades retributivas adicionales se asignarán en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de personal. A modo de ejemplo, en la Secretaría de Trabajo, donde la dotación de empleados pasó de 3.600 a 2.900 en 2023, el organismo podría recibir más de 64.000 unidades retributivas adicionales, lo que equivaldría a casi $52 millones de pesos para repartir entre las autoridades superiores. Este cálculo es realizado por dirigentes sindicales de la Secretaría, que critican duramente la lógica detrás de la medida.
Muchos cuestionan la efectividad y la ética de premiar la reducción de empleo como estrategia para el ahorro presupuestario. La percepción general es que esta política prioriza el ahorro a corto plazo sobre la estabilidad laboral y el bienestar de los empleados públicos.
El «bono crueldad» no solo generó rechazo entre los sindicatos, sino que también plantea interrogantes sobre la ética y los impactos futuros que tendrá la medida.
Fuente: teleSUR
Publicado por AiSUR
Premio nacioonal de periodismo necesario Anibal Nazoa 2020
