venezuela uruguay 1Venezuela y Uruguay rechazaron una resolución del Consejo de Seguridad que, en el menor de los casos, sugiere superficialidad en la respuesta a la crisis creada por Marruecos en la Misión para el Referendo del Sahara Occidental.

Votada con presión y después de apenas un encuentro para discutirla entre los 15 miembros del órgano, la iniciativa presentada por Estados Unidos el miércoles fue adoptada la víspera con 10 países a favor, tres abstenciones (Rusia, Angola y Nueva Zelanda) y la digna postura de los dos integrantes latinoamericanos del Consejo.

Aunque su condición de miembros no permanentes, los que carecen del derecho al cuestionado veto, resultó insuficiente para impedir el avance del texto, Caracas y Montevideo con su rechazo pusieron en evidencia el poco compromiso de algunas potencias con el mandato de un órgano claramente subordinado a intereses geopolíticos, siempre en detrimento de naciones del Sur.

EL CONTEXTO

A principios de marzo, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, visitó el Sahara Occidental, un territorio con medio millón de habitantes ocupado por Marruecos desde 1975, incluido entre los 17 casos en manos del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas.

Tras constatar el sufrimiento y la desesperanza del pueblo saharaui por décadas de dominación extranjera, Ban utilizó el término ocupación en el contexto de su intercambio con refugiados y personas molestas por la inacción de la comunidad internacional. La reacción de Marruecos fue inmediata, la cual además de la convocatoria a protestas contra el Secretario General, incluyó la decisión de expulsar a 73 de los 101 empleados civiles de la Misión para el Referendo del Sahara Occidental (Minurso) y de recortar su aporte financiero a la misma.

Esta fuerza de cascos azules quedó activada en 1991 por el Consejo de Seguridad, en aras de garantizar una consulta para la autodeterminación del pueblo del Sahara Occidental, referendo bloqueado desde entonces por Rabat.

Las medidas del Reino redujeron de manera significativa el trabajo de la Misión y desataron una crisis con el Secretario General, quien encontró muy poco apoyo del Consejo en sus pedidos de actuación para restaurar la plena capacidad de la Minurso de cara al cumplimiento de su mandato.

Pese a los reclamos de varios países de una postura firme del órgano de 15 miembros, presidido en abril por China, este se pronunció en definitiva la víspera con la resolución 2285, un documento calificado aquí de débil y de alejado de la realidad en el terreno, el empeño marroquí en mantener la ocupación.

VENEZUELA Y URUGUAY

En su explicación del voto, el embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, utilizó para explicar lo ocurrido términos como falta de transparencia y profundamente decepcionante. Caracas atribuyó su rechazo a la iniciativa a "razones sustantivas y de procedimiento", que demuestran la fractura de posiciones a la hora de tratar de resolver la situación generada por la hostilidad de Marruecos, que por 40 años ha ignorada el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.

Ramírez criticó la falta de respaldo del Consejo de Seguridad al Secretario General y la ausencia de una condena clara a las maniobras de Rabat. A su juicio, semejante inacción contrasta con la rápida disposición a sancionar a países, en su mayoría africanos, en el órgano dominado por el derecho al veto de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y China.

"El Consejo no supo anticiparse a la situación existente, creada por la expulsión del personal civil de la Misión, cambiando de facto su mandato de desarrollar un referendo derivado del cese del fuego" advirtió. Según el representante venezolano, la consulta que permitió hace 25 años un acuerdo entre el Frente Polisario y el ocupante para detener las hostilidades, parece cada vez más lejana.

Por su parte, el embajador de Uruguay, Elbio Rosselli, cuestionó que la resolución aprobada no abordase con la contundencia requerida un acto "soberano pero unilateral", "que alteró de inmediato y radicalmente la labor de la Minurso, la cual apenas logra sostenerse". Rosselli afirmó que su país recibió con sorpresa el proyecto de resolución, ante la ausencia de menciones concretas a "este hecho factual que ha trastocado el funcionamiento de la Minurso".

Asimismo, consideró poco coherente prorrogar el mandato de la Misión, sin demandar con fortaleza que la misma recobre de inmediato su funcionalidad. El diplomático deploró la imposibilidad de "romper el blindaje del texto", que no ofrece a la fuerza de cascos azules las garantías necesarias para cumplir su mandato.

POSTURA DEL FRENTE POLISARIO

De acuerdo con el Frente Polisario, que por cuatro décadas ha luchado por la independencia saharaui, lo sucedido ayer en el Consejo de Seguridad manda una clara señal de que las cosas no pueden seguir como están en el Sahara Occidental. Miembros de ese órgano manifestaron un fuerte apoyo al pleno mandato de la Minurso y a una salida que lleve a la autodeterminación de los saharauis, señaló.

El representante del Frente ante la ONU, Ahmed Bouhari, subrayó que la sesión dejó claro que el actual estatus en el territorio ocupado resulta inaceptable, y que Marruecos no puede seguir obstruyendo el referendo para decidir el futuro del Sahara Occidental. "Los días en los que los miembros del Consejo de Seguridad metían la cabeza en la arena en el tema del Sahara Occidental acabaron", sentenció en alusión al voto fracturado, a partir del rechazo de Venezuela y Uruguay y de las abstenciones de Rusia, Angola y Nueva Zelanda. Bouhari adelantó que el Frente Polisario analizará de forma cuidadosa la resolución y decidirá sus próximos pasos.

Fuente: Prensa Latina

Congreso Parlamentarios Indigena Americas Panama 6377447La condena de la masacre, asesinato y genocidio de los pueblos indígenas en el mundo, forma parte de la declaración final del I Congreso de Parlamentarios Indígenas de América (PIA) que sesionó en esta capital.

Sobre el tema el documento califica de "brutal asesinato" el de la hondureña Berta Cáceres y señala otros hechos como la muerte a manos de la Fuerza Armada de Belice del guatemalteco afrodescendiente Julio René Alvarado Bueno, de 13 años de edad.

Particulariza lo acontecido en 2013 en la Comarca panameña NgÃñbe-Bugle, donde asesinaron a Gerónimo Tugri durante la represión de la Policía Nacional, que dejó además "miles de indígenas heridos y muchos de ellos ciegos".

La Declaración recorre los principales problemas de los 50 millones de descendientes de las culturales ancestrales americanas como son el reconocimiento e integración en las sociedades nacionales, la discriminación, la propiedad de la tierra, el cuidado del medioambiente, y las denuncias a los maltratos e inequidades de que son víctimas.

El documento servirá como compromiso y hoja de ruta para avanzar en la implementación de los derechos indígenas en la región, dijeron algunos de los asistentes al analizarlo. Promover marcos legislativos que aseguren el cumplimiento y la implementación de los derechos indígenas como lo relacionado con su representatividad en la política y otras esferas, derechos territoriales, acceso a los servicios públicos y la no discriminación en su inserción en la economía, son aspectos señalados por el texto.

En el último día de sesiones también se debatió, entre otros temas, sobre la mujer y se escuchó la voz de las féminas indígenas con la intervención de la parlamentaria nicaragüense Evelyn Patricia, quien dijo: "Las mujeres somos excluidas de las decisiones que afectan a nuestra familia y nuestro bienestar, e incluso del acceso a servicios como la educación". Abundó que "se continúan aplicando estereotipos, y las mujeres seguimos sufriendo estructuras patriarcales que promueven relaciones de desigualdad, la mujer es vista como seres inferiores e incapaces, relegadas únicamente a las labores del hogar". En el debate participó también Irune Aguirrezabal, de la Oficina Regional de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, quien opinó que "las mujeres deben participar de forma activa tanto en el seno político como también el comunitario para promover cambios culturales en sus comunidades".

Fuente: Prensa Latina

doc 302960Una enorme valla con letras de color advierte al viajero que está a pocos metros de entrar al centro de Paso Canoas, la última comunidad de Panamá antes de cruzar a Costa Rica por la Carretera Interamericana. Este pequeño poblado, de poco más de 13 mil habitantes a un lado y a otro de la línea divisoria, es hoy el punto de encuentro forzado de cubanos y africanos, protagonistas de una crisis migratoria que amenaza con extenderse ante la falta de un acuerdo multilateral.

Familias enteras, mujeres embarazadas, niños, jóvenes y adultos integran el grupo de los casi 900 africanos que a la intemperie se encuentran atrapados en la llamada zona de confraternidad, y de los tres mil 400 cubanos que, en hoteles y albergues, esperan una posible solución para continuar su viaje hacia Estados Unidos. Día y noche, los africanos permanecen cercados por una barrera policial de ambos países, que impide el libre tránsito e incrementa la incertidumbre ante la posibilidad de la deportación.

Desde el pasado mes de noviembre, Panamá intenta hacerle frente a este complejo panorama migratorio con cuatro albergues para los cubanos, y cuya crisis se veía venir desde mucho antes, refieren expertos. Según el exdirector del Servicio Nacional de Fronteras, Frank Ábrego, desde el 2002 la demarcación entre Panamá y Colombia es utilizada como una ruta de tránsito por los migrantes que desean llegar a Estados Unidos. Entonces era común que pasaran por Darién ciudadanos ecuatorianos y peruanos, en grupos que anualmente llegaban a las 200 o 300 personas.

Posteriormente, en 2010, se sumaron ciudadanos indocumentados que procedían de Somalia, Etiopía y Eritrea, países africanos que estaban en conflicto. Pero ellos no llamaban la atención porque anualmente sumaban unos 350 o tal vez 500. Sin embargo, con los años cambia la nacionalidad y comienza la llegada abrumadora de los cubanos, cuya oleada se disparó por temor a que finalice la política de ajuste "pies secos, pies mojados" como resultado de la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, comentó.

PRIVILEGIOS A CUBANOS: CAUSA DE CRISIS

A juicio del excanciller panameño Jorge Eduardo Ritter, la difícil situación que vive hoy el país responde en gran medida a la "ley especial" diseñada por Estados Unidos para los cubanos. Como consecuencia de ella, todo ciudadano de la nación caribeña que llega a ese territorio por tierra recibe automáticamente residencia; por ello, mientras esa situación persista, habrá migración, sentenció.

"Panamá nunca ha sido una nación de emigrantes, pero estoy seguro de que si esa ley se aplicara a nuestros nacionales, tendríamos una gran cantidad de personas viajando hacia la frontera con México para pisar territorio estadounidense y quedarse en ese país", comentó. De ahí que una buena parte de la solución a la crisis esté en manos del gobierno estadounidense, en tanto la permanente debe ser diplomática y multilateral, por ser un asunto que involucra a Panamá, Ecuador, Colombia, Costa Rica y Nicaragua, pero sobre todo a Estados Unidos, afirmó.

"El gobierno panameño tiene muy pocas posibilidades de actuar solo, por ello debe darle una prioridad urgente a este asunto que ya se desbordó, y con el cual el país no está acostumbrado a lidiar", reiteró. Ritter aseguró que no hay presupuesto que aguante una oleada de esta naturaleza, sobre todo si no se vislumbra una solución rápida.

Cifras oficiales revelan que a más de 95 mil dólares ascienden los gastos en alimentación y suministro de agua a los cubanos durante estos cuatro meses, monto que no refleja el desembolso hecho por el Gobierno para el alquiler de hoteles, un hangar y baños portátiles, entre otros gastos realizados desde diciembre de 2015 a la fecha.

Tras el traslado en febrero último por vía aérea hacia México, con carácter excepcional, de cerca de mil 300 cubanos varados en Panamá y unos ocho mil en Costa Rica, no ha cesado la llegada de estos vía Ecuador, comentó el director de Migración, Javier Carrillo. Por lo que tendremos que tomar alguna decisión, porque ni el país, ni ningún otro de la región, podrán tener esta carga permanente y negociar continuamente con terceros para que puedan llegar a su destino, aseveró.

La canciller Isabel Saint Malo escribió en su cuenta de la red social Twitter que "continuamos el diálogo con otros países para buscar solución integral, pero habrá que tomar medidas migratorias para desincentivar flujos".

Y es que la concentración en las fronteras sur y norte de cubanos, y africanos en la línea divisoria con Costa Rica, pasa por sutiles desencuentros entre autoridades de ambos países, rechazo de los locales a la presencia de extraños y ayuda humanitaria. "Tema migrantes debe tratarse como humanitario mientras protegemos Panamá. Es un tema complejo que se rige por convenios internacionales", expresó la también vicepresidenta del país.

Costa Rica habla de deportaciones y toma medidas drásticas como el cierre de fronteras, que nosotros aún no hicimos, porque las circunstancias son diferentes desde el punto de vista geográfico, en tanto el acceso desde Colombia es por un área selvática y retornarlos los pone en alto nivel de riesgo, explicó Carrillo. "Devolverlos a Cuba es una opción, pero habría que negociar con el gobierno cubano la fórmula", algo que está "sobre la mesa" y el presidente Juan Carlos Varela decidirá en su momento, porque "esto no podrá continuar de forma permanente", enfatizó.

Sobre la controvertida repatriación como medida inmediata al problema, Ritter aclaró que las deportaciones masivas están prohibidas en las convenciones internacionales. "Es injusto dejar a la gente en las condiciones precarias que viven hoy, y lo verdaderamente reprochable sería que Panamá, pudiendo ayudar a esas personas, no lo haga. "Sin embargo, esta actitud implica a su vez un peligro mayor: y es que si continuamos dando una solución humanitaria permanente, entonces el flujo será mayor", advirtió.

A juicio del exfuncionario, actualmente Panamá enfrenta una crisis migratoria muy seria que debe resolverse de manera multilateral y por la vía diplomática, en la que también intervengan la policía y autoridades de inteligencia, porque "esta es una industria criminal que existe gracias a los llamados coyotes".

COMPLEJIDADES MIGRATORIAS

Pero este es un fenómeno que también tiene sus raíces en las regulaciones migratorias que imponen las naciones, y Panamá no es una excepción. Al respecto, el jefe de investigación de TVN Noticias, Fernando Martínez, recordó que desde hace mucho tiempo cuando un cubano desea entrar de manera legal al país o pide una visa en el consulado panameño en La Habana, el trámite demora "cualquier cantidad de tiempo" y resulta muy complicado. Incluso la solicitud debe pasar por el Consejo Nacional de Seguridad, por la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos), la DEA (Administración para el Control de Drogas), el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y la Interpol, relató.

"El hecho de que la gente recurra a arriesgarse a pasar por fronteras peligrosas de manera irregular o atravesar la selva, se debe a que todos los países son soberanos territoriales y por ende aplican, declárenlo o no, migraciones selectivas, comenzando por Estados Unidos", afirmó Martínez. Por ello estamos ante la presencia de países cerrando el tránsito hacia otro de destino, algo muy parecido a lo que ocurre hoy en Europa, acotó.

El principal activo de Panamá: su posición geográfica, que le permite ser zona de tránsito y de progreso, hoy resulta el escenario de un drama humano, en el que miles de migrantes tratan de vencer el miedo, la muerte y otros obstáculos en busca del sueño prometido.

Desde hace varios años, la nación istmeña es un corredor por donde pasan los cubanos que llegan de Ecuador por el sur, y los africanos que viajan desde Brasil por el norte de Colombia, para confluir todos en Puerto Obaldía o en las trochas de la selva del Darién, rumbo a Estados Unidos.

Fuente: Prensa Latina - Nubia Piqueras Grosso, Corresponsal en Panamá.