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Política

Costa Rica: una democracia al borde del abismo

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Autor: Iván Molina*

Cuatro años después de que las creencias religiosas dominaran inesperadamente la campaña presidencial de Costa Rica en 2018, el electorado escogerá a la persona que ocupará la presidencia y a los 57 integrantes de la Asamblea Legislativa el 6 de febrero de 2022, en un contexto todavía más incierto. Desde las últimas elecciones, el neoliberalismo de línea dura, la pandemia de Covid-19 y la consiguiente recesión económica han elevado el desempleo a niveles sin precedente, exacerbado la desigualdad y llevado a un punto crítico la crisis de la deuda. En 2018 y 2019, el país fue sacudido por las protestas contra una reforma tributaria y una ley antisindical, y en 2020, los planes del Gobierno de llegar a un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) provocaron nuevos disturbios. En vísperas de las elecciones de 2022, Costa Rica se parece cada vez más a Chile antes de su histórico levantamiento social de 2019.

 La pandemia por sí sola no condujo a la democracia costarricense al borde del abismo. Años de fortalecimiento neoliberal y nuevas reconfiguraciones políticas han fragmentado el escenario electoral, mientras que los políticos de izquierda permanecen en gran medida desconectados de las clases trabajadoras. La desafiliación partidaria ha llevado no solo a la disminución de la participación, sino también a una mayor volatilidad electoral. Hoy, ambas tendencias convergen en un país profundamente fisurado por las desigualdades sociales y el descontento ciudadano. En este marco, es probable que las elecciones de 2022 favorezcan a los poderosos grupos empresariales, permitiéndoles mantener el control del gobierno logrado en 2018.

 Medio siglo de bipartidismo

 Después de la guerra civil de 1948, dos fuerzas principales dominaron la política costarricense: el Partido Liberación Nacional (PLN) y sus oponentes. Hasta 1978, el PLN promovió la inversión social y la redistribución del ingreso a través de una creciente intervención estatal para reducir las desigualdades y contener el comunismo. Además, alentó la organización sindical anticomunista entre los empleados públicos, mientras perseguía el sindicalismo en el sector privado, especialmente el liderado por los comunistas. La oposición al PLN, formada por partidos políticos que representaban los intereses de la vieja oligarquía cafetalera, se opuso a la intervención estatal y defendió la desregulación del mercado. En 1976, estos partidos organizaron la Coalición Unidad, que fue reemplazada en 1983 por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En las elecciones efectuadas entre 1986 y 1994, el PLN y el PUSC controlaron más del 97 por ciento de los votos válidos para presidente.

 En 1982, el PLN llegó al poder en medio de una profunda crisis económica. Presionado por el FMI, el Banco Mundial y la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan, el gobierno liberacionista comenzó a promover políticas de libre mercado. Al girar a la derecha política, el PLN empezó a parecerse cada vez más al PUSC y comenzó a enfrentar una creciente oposición de sus históricas bases electorales, particularmente de los sindicatos del sector público y los pequeños y medianos empresarios urbanos y rurales. Simultáneamente, el PLN se dividió entre partidarios y detractores del neoliberalismo. Aunque logró mantenerse en el poder en 1986, el PLN fue derrotado por el PUSC en 1990. Debido a este resultado, José María Figueres, el candidato presidencial del PLN en las elecciones de 1994 e hijo del fallecido caudillo José Figueres, basó su campaña en rechazar las políticas neoliberales.

 Aunque esta estrategia permitió a Figueres ganar los comicios, en 1995 firmó un pacto con el expresidente Rafael Ángel Calderón, líder del PUSC, para profundizar la agenda neoliberal. Luego de que Figueres respondió a las protestas populares generalizadas contra sus políticas económicas con una fuerte represión, se produjo una profunda brecha entre el PLN y sus partidarios. El costo para el PLN fue enorme. Por primera vez, perdió dos elecciones presidenciales consecutivas en 1998 y 2002. El sistema político también se vio seriamente afectado ya que la participación descendió de alrededor del 81 por ciento entre 1982 y 1994 al 70 por ciento en 1998. A raíz de varios escándalos de corrupción que involucraron a algunos expresidentes del PUSC y el PLN, ambos partidos capturaron en conjunto solo el 44,5 por ciento de los votos presidenciales válidos en 2006. En esa elección, 14 partidos políticos compitieron por la presidencia y la participación disminuyó nuevamente a 65,2 por ciento.

 El auge del PAC

 La crisis bipartidista produjo profundas divisiones en el PLN y el PUSC y alentó la formación de nuevos partidos, el más importante de los cuales fue el Partido Acción Ciudadana (PAC). Fundado en 2000 por ex líderes del PLN, el PAC basó sus campañas en volver a las políticas socialdemócratas del PLN anteriores a 1982. Debido a esto, el PAC ha sido considerado un partido de izquierda, algo que no es. En 2002, el PAC capturó el 26,2 por ciento de los votos en la elección presidencial, obligando al PLN y al PUSC a enfrentarse en una segunda vuelta. Fue la primera vez en la historia del país que ningún candidato superó el umbral del 40 por ciento requerido para ganar las elecciones en la primera vuelta. Luego, en 2006, el PAC estuvo cerca de ganar las elecciones presidenciales, pero finalmente fue derrotado por el candidato del PLN, el expresidente Óscar Arias. En un intento por debilitar al PAC, el PLN reactivó la inversión social, estancada desde 1990, y mejoró los salarios del sector público. Esta estrategia permitió al PLN ganar las elecciones de 2010 con un 46,9 por ciento de los votos, seis puntos porcentuales más que en 2006.

 En 2014, desgastado por dos gobiernos consecutivos y nuevos escándalos de corrupción, el PLN perdió en segunda vuelta ante el candidato del PAC, Luis Guillermo Solís. Aunque Solís mantuvo el estilo del PLN con una combinación de inversión social y políticas neoliberales moderadas, no solo se negó a promover una regresiva reforma tributaria, sino que en 2016 su administración denunció que el fraude fiscal ascendía al 8 por ciento del Producto Interno Bruto, casi $ 5 mil millones por año. Sintiéndose aludidos, los poderosos intereses empresariales y sus aliados mediáticos lanzaron una campaña sistemática para demonizar al Estado y criminalizar a los empleados públicos. A principios de 2017, a medida que la aprobación de Solís disminuía, parecía que el PLN ganaría fácilmente las elecciones presidenciales de 2018, pero la convención que realizó para nominar al candidato a la presidencia fracturó al partido en dos tendencias: el arismo, liderado por el ex presidente Arias, apoyó al legislador Antonio Álvarez, y el figuerismo respaldó al ex presidente Figueres. Aunque Álvarez ganó la nominación, no logró incorporar a los figueristas en su campaña presidencial.

 Según las encuestas de diciembre de 2017, la elección presidencial se definiría en una segunda vuelta entre el PLN y otro partido. Pero entonces todo cambió. En enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo histórico a favor del matrimonio igualitario. La decisión surgió de una solicitud de 2016 planteada por Costa Rica para obtener orientación sobre las obligaciones de los Estados con respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo. La Iglesia Católica y varias denominaciones evangélicas rechazaron enérgicamente la sentencia de la Corte, lo que introdujo una dimensión religiosa a la campaña electoral costarricense, por primera vez desde finales del siglo XIX. Aprovechando la situación, un pequeño partido evangélico, Restauración Nacional (PRN), avanzó en las encuestas. Como el PLN y el PUSC intentaron sin éxito competir con el PRN en asuntos de fe, una gran parte del electorado decidió votar por el PAC.

 Desde principios de febrero hasta el primero de abril de 2018, en Costa Rica se libró una verdadera guerra religiosa. Al final, el PRN, que no había logrado aliarse con el PLN, perdió en la segunda vuelta ante el PAC, que había llegado a un acuerdo con un sector del PUSC. Una vez en el cargo, el nuevo presidente, Carlos Alvarado, se alejó del estilo de gobierno de Solís y promovió un neoliberalismo de línea dura. Sus políticas han redistribuido el ingreso y el poder a favor de las oligarquías empresariales a expensas de los sectores medios y las clases trabajadoras. En esta cruzada, el gobierno encontró un aliado inesperado en 2020: el Covid-19. Además de provocar una recesión y un aumento del desempleo, la pandemia evitó que se produjeran protestas populares masivas como las de 2018 y 2019.

 Convenciones 2021

 Ante la posibilidad de que Figueres intentara nuevamente buscar la nominación del PLN, Arias y algunos líderes liberacionistas locales se movilizaron para tratar de que el candidato del PLN en 2022 fuera elegido sin una convención. Sin embargo, estos intentos fracasaron y el 6 de junio de 2021, el PLN celebró elecciones internas. Votaron un total de 430.947 personas, el 12,2 por ciento del padrón electoral del país. Figueres ganó con el 37 por ciento de los votos, seguido por Rolando Araya, el candidato perdedor del PLN en la segunda vuelta de 2002, con el 27 por ciento. Otros tres candidatos capturaron el 36 por ciento restante. Figueres rápidamente logró incorporar a estos últimos en su campaña, pero Araya renunció al PLN y se convirtió en candidato del Partido Costa Rica Justa.

 En contraste, el inicio de la contienda interna del PUSC estuvo dominado por los esfuerzos para formar alianzas electorales con sectores que se habían separado de ese partido: grupos que promueven el neoliberalismo de línea dura y algunas fuerzas evangélicas. Estos intentos de construcción de coaliciones no tuvieron éxito y el PUSC celebró su convención el 27 de junio con tres candidatos. De las 123.161 personas que votaron, el 3,5 por ciento del padrón electoral del país, el 55,2 por ciento apoyó a Lineth Saborío, una abogada que fue vicepresidente durante el último gobierno del PUSC (2002-2006). Al momento de escribir este artículo, aún no está claro si Saborío, cuya victoria se vio ensombrecida por errores en el conteo de votos, logrará incorporar a su campaña a los dos candidatos derrotados.

 Finalmente, el PAC celebró su convención el 22 de agosto con cuatro candidatos. A diferencia del PLN y el PUSC, el número de votantes fue muy pequeño: 16.515 personas, solo el 0,5 por ciento del padrón electoral del país. La competencia fue muy reñida. Carolina Hidalgo, que representa el neoliberalismo de línea dura, se enfrentó con Welmer Ramos, quien se identifica con un neoliberalismo más moderado, pero cercano a grupos evangélicos. Tras acusaciones de fraude por ambas partes y un prolongado conteo de votos, Ramos ganó con el 48 por ciento de los votos, menos de un punto porcentual más que Hidalgo. Al momento de escribir este artículo, persisten los conflictos entre Ramos e Hidalgo.

 Incertidumbres políticas

 Comparando las convenciones de 2021 con las de 2017, la participación en el PLN disminuyó un 0,1 por ciento, en el PUSC aumentó un 8,3 por ciento y en el PAC disminuyó un 49,5 por ciento. En 2017, el PLN logró que el 13 por ciento del electorado participara en su convención y capturó el 18,6 por ciento de los votos válidos en las elecciones de 2018. Para el PUSC, esas proporciones fueron respectivamente de 3,4 por ciento y 16 por ciento, y para el PAC, 1 por ciento y 21,6 por ciento. Dado que en las convenciones de 2021 solo el PUSC movilizó un poco más de votantes que la última vez, parece poco probable que alguno de estos tres partidos alcance el umbral del 40 por ciento necesario para ganar la presidencia en la primera vuelta el 6 de febrero.

 Otros dos factores contribuyen a esta profundización de la fragmentación electoral. Primero, debido a sus políticas económicas impopulares, mantenidas a pesar de la pandemia, el gobierno de Alvarado parece haber dañado ampliamente la base de votantes del PAC. Y segundo, un gran sector del electorado se opone a que Figueres, que ya ha cumplido un mandato como presidente, regrese al cargo. Como resultado, 27 partidos políticos se inscribieron para competir en la elección presidencial, el número más alto en la historia de Costa Rica. Sin embargo, el número final se redujo a 25 partidos, porque dos no cumplieron con la normativa electoral. Según una encuesta de diciembre de 2021 realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, el 61 por ciento de los encuestados planeaba votar, pero un 40,5 por ciento seguía indeciso sobre por quién hacerlo, 6,5 puntos porcentuales más que en 2017. En el caso de los que ya han decidido, Figueres del PLN lidera con un 17,2 por ciento, seguido por Saborío del PUSC con un 15,1 por ciento. Si la segunda vuelta se efectúa entre Figueres y Saborío, hay una alta posibilidad de que gane Saborío, con lo cual los cuadros del PUSC, que forman parte del actual gobierno del PAC y son neoliberales de línea dura, podrían mantenerse en el poder.

 Dada la alta volatilidad electoral, las elecciones de 2022 se asemejan a una ruleta rusa. Cualquier incidente o escándalo podría aumentar las posibilidades de victoria de los candidatos oportunistas. En un campo abarrotado, los candidatos sin mucha experiencia o conocimiento político no solo tienen la oportunidad de ganar la presidencia, sino que también podrían capturar un número considerable de escaños en la Asamblea Legislativa.

 En este escenario electoral, los partidos de izquierda tienen pocas posibilidades. Después de que la coalición Pueblo Unido desapareció en la década de 1980 debido a conflictos internos, los nuevos partidos de izquierda que surgieron en la década de 1990 fueron dominados por intelectuales con poco apoyo de las clases trabajadoras. Aunque uno de esos partidos, el Frente Amplio, ganó nueve escaños en 2014, rápidamente perdió ese capital político y solo obtuvo un escaño en 2018. Según la encuesta del CIEP de diciembre de 2021, el Frente Amplio concentra el 6,8 por ciento de la intención del voto, 5,3 puntos porcentuales más que en diciembre de 2017, por lo que podría aumentar su representación legislativa. Probablemente este incremento se debe a que capta no solo el voto protesta, como ocurrió en 2014, sino el apoyo de ex simpatizantes del PAC.

 Las condiciones políticas actuales son extraordinariamente favorables para los líderes evangélicos y aquellos que promueven el neoliberalismo de línea dura. De esta manera, una de las democracias más antiguas y socialmente avanzadas de América Latina se ve atrapada entre el creciente deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, el fortalecimiento de las oligarquías empresariales, el Covid-19, y una política que solo promete más desigualdad en la distribución del poder y el ingreso.


 

 Fuente: NACLA Report, nuestra revista trimestral.
* Iván Molina es profesor de la Escuela de Historia e investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica. También es escritor de ciencia ficción y productor de cine.

Publicado por AiSUR. Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020

 


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