La decisión se produjo dos meses después de una visita de la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda a Jartum y Darfur
La decisión del Gabinete de adherirse al Estatuto de Roma es un paso adelante en el largamente esperado juicio de los sospechosos buscados por crímenes de guerra y genocidio en el conflicto de Darfur, incluido el ex presidente Omar al-Bashir.
Sin embargo, el proyecto de ley aún debe ser ratificado por una reunión conjunta del Consejo Soberano y el Gabinete gobernante de Sudán. Juntos sirven como parlamento interino. El Gabinete no ofreció un plazo para la ratificación.
Sudán ha sido dirigido por un gobierno conjunto militar-civil desde que un levantamiento popular condujo al derrocamiento militar de al-Bashir en abril de 2019. Ese gobierno de transición, que prometió reformas democráticas, ha dicho anteriormente que los sospechosos de crímenes de guerra, incluido al-Bashir, serían juzgado ante la CPI, pero el lugar del juicio es un asunto de negociación con el tribunal con sede en La Haya.
Samantha Power, quien escribió un libro sobre genocidio ganador del Premio Pulitzer y ahora dirige la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, elogió la decisión como una “GRAN noticia” en Twitter.
“Una revolución por“ Libertad, paz y justicia ”acaba de dar un paso clave para acabar con la impunidad”, escribió Power, que se encuentra de visita en Sudán. Se refería al levantamiento que llevó al derrocamiento de al-Bashir.
La decisión del martes se produjo dos meses después de una visita de la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda a Jartum y Darfur, durante la cual instó a las autoridades de transición del país a entregar a los sospechosos buscados por crímenes de guerra y genocidio en el conflicto de Darfur.
El conflicto de Darfur estalló cuando rebeldes de la comunidad étnica africana central y subsahariana del territorio lanzaron una insurgencia en 2003, quejándose de la opresión del gobierno dominado por los árabes en Jartum.
El gobierno de Al-Bashir respondió con una campaña de bombardeos aéreos y redadas de milicias conocidas como janjaweed, acusadas de asesinatos en masa y violaciones. Hasta 300.000 personas murieron y 2,7 millones fueron expulsadas de sus hogares.
El tribunal acusó a al-Bashir de crímenes de guerra y genocidio por presuntamente planear la campaña de ataques en Darfur. Los fiscales sudaneses iniciaron el año pasado su propia investigación sobre el conflicto de Darfur.
El tribunal también acusó a otras dos figuras importantes del gobierno de al-Bashir: Abdel-Rahim Muhammad Hussein, ministro del Interior y de Defensa durante gran parte del conflicto, y Ahmed Haroun, un alto jefe de seguridad en ese momento y luego líder de al- Partido gobernante de Bashir. Tanto Hussein como Haroun han estado detenidos en Jartum desde que el ejército sudanés, bajo la presión de los manifestantes, derrocó a al-Bashir en abril de 2019.
El tribunal también acusó al líder rebelde Abdulla Banda, cuyo paradero se desconoce, y al líder janjaweed Ali Kushayb, quien fue acusado en mayo de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Fuente: Africa News
Publicado por AiSUR
Premio Nacional de Periodismo Necesario Anibal Nazoa 2020