Burkina Faso terrorismo
Desde Ouagadougou, la capital de Burkina Faso, parten carreteras hacia ciudades del norte del país como presentan las guías turísticas, pero esas son vías peligrosas de recorrer por los ataques de grupos terroristas.
El que se consideró el país más estable de la región africana del Sahel pasa por un mal momento, pese al proceso de transición política que sucedió en 2014 a la caída del presidente Blaise Compaoré, ahora en Costa de Marfil, donde transcurre su exilio dorado acogido por el gobernante, Alassane Ouattara.
Durante el año que concluye la situación de seguridad en Burkina Faso sufrió fuertes golpes, lo cual hizo que el jefe de Estado, Roch Marc Christian Kaboré, en su mensaje a la nación por el aniversario 59 de la independencia llamara a no ceder frente a la violencia asociada con el radicalismo de confesión islámica.
En esa declaración, Roch Kaboré elogió la valentía de los efectivos de las fuerzas de seguridad por garantizar, a riesgo de sus vidas, la integridad territorial burkinabesa y proteger a los ciudadanos contra las agresiones terroristas y el extremismo violento ‘que nos han sido impuestos’.
Según resúmenes estadísticos de prensa, de septiembre de 2018 a febrero de 2019 hubo como promedio mensual 34 ataques terroristas y desde 2015 esos crímenes causaron unos 400 muertos, pese por ejemplo a las acciones defensivas contra el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), que opera en gran parte del Sahel.
A finales de año el Ejército aniquiló a 28 presuntos terroristas en la región septentrional del país durante una operación de eliminación de sus bases en los alrededores de las localidades de Kain y Yensé, conforme precisaron fuentes militares acogidas al anonimato.
Lo anterior se engarza con las declaraciones del mandatario al decir que no dudaba de la victoria sobre las formaciones integristas y asegurar que la cultura de la derrota no forma parte de los valores sociales de Burkina Faso, a la vez que reforzó su llamado a la unidad nacional y a respaldar la labor de las fuerzas de seguridad.
En el país africano actúan los grupos terroristas Ansarul Islam, la ya citada JNIM, la cual agrupa a otras, entre ellas Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al Murabitún, y a facciones del Estado Islámico en el Gran Sahara (ISGS), que además de atacar al ejército y otros órganos armados también ejecutaron razias contra objetivos civiles.
Unido a esa forma de violencia que tratan de detener las tropas nacionales -con mayor preparación y modernizando su técnica de combate, como fue la adquisición de aviones tácticos C295- se percibe un incremento de los enfrentamientos entre comunidades.
Otro elemento de tensión se sumó desde mayo a la complejidad de la construcción de la entidad nacional con patrones de tolerancia confesional; ese mes ocurrió el primer ataque a una iglesia católica, aunque desde febrero se registraron agresiones contra cristianos, algo que ahonda las contradicciones como en República Centroafricana. Es así como este año que concluye la atención oficial estuvo muy enfocada en el tema de la seguridad, sospechosamente resquebrajada durante la transición iniciada con la ascensión del antes primer ministro, también exjefe del Parlamento y desde el 2015 presidente, Roch Marc Christian Kaboré.
Algunos observadores no descartan que exista una relación entre la escalada terrorista, el pasado intento de golpe de Estado en 2015 y la intensificación de combates entre comunidades con el interés de algunos sectores de reinstalar al exiliado Blaise Compaoré en la cúpula del poder, aunque él le debe muchas satisfacciones a los burkinabeses.
Compaoré, a quien implican en el asesinato en 1987 del líder nacionalista Thomas Isidore Noël Sankara -el capitán Thomas Sankara, considerado el Che africano- y en frenar el proceso revolucionario que este comandó dirigido a cambiar la perspectiva de atraso integral sufrida por la antigua Alto Volta.
Otra parte en la ecuación política de Burkina Faso lo constituye su propósito de fortalecer la estructura institucional con el afán de avanzar en el amplio proceso de transición, lastrado por un fenómeno apremiante como es la difícil situación humanitaria que atraviesa el Estado saheliano.
Actualmente hay 500 mil desplazados y la tendencia es a aumentar por el incremento de ataques contra militares y civiles, lo cual causa que miles ciudadanos huyan de sus hogares, declaró en Ginebra, Suiza, el portavoz de Alto Comisionado de ONU para los Refugiados, Babar Baloch.
En el último cuatrimestre alrededor 300 mil personas engrosaron las cifras de tales víctimas en el país del Sahel y se estima que la cifra puede alcanzar las 650 mil al cerrar el año, lo cual acrecienta las necesidades básicas de un sector de la población en general y a la de muy bajos ingresos en particular.
Y como círculo vicioso, la violencia que impulsa las migraciones agrava la situación económica de millares de familias, muchas dependientes de la agricultura, sector que emplea el 90 por ciento de la población, aunque solo aporta el 30 por ciento del Producto Interno Bruto.
Ese es otro componente de la realidad burkinabesa, difícil de cambiar porque interactúa con otras variables del subdesarrollo y para transformarla se precisa ir más al fondo, a la esencia deformada de sus relaciones socioproductivas, como en los 80 quiso hacer Sankara.
En 2019 se mencionó la transición democrática como un proceso de mejoramiento de la gobernabilidad en el ‘país de hombres justos’, pero aún habrá que esperar para otorgarle todo el peso que requiere el llamado del presidente Kaboré a no ceder frente al terrorismo, pero también extensivo a otras fragilidades que afectan a ese Estado.
Fuente y Autor: wanafrica/ Julio Morejón
Observatorio de medios del Centro de Saberes Africanos,Americanos y Caribeños
