¿Por qué se quema la Amazonia?

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Los fuegos suponen una catástrofe ambiental, pero también ponen en peligro a los pueblos indígenas considerados los guardianas de este "tesoro" amazónico.

Los incendios de la Amazonia han provocado una crisis internacional y otra diplomática entre Brasil y Francia, el temor de que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur no salga adelante y la amenaza de un posible boicot de productos brasileños en el exterior, como propuso Finlandia. Mientras el sector empresarial, que ayudó a Jair Bolsonaro a llegar al poder, teme las consecuencias de esta situación, el mandatario vacila en aceptar la ayuda extranjera para combatir los fuegos.

La selva, en la que viven unas 34 millones de personas, incluidas 350 tribus originarias, algunos de ellas en aislamiento voluntario, es esencial para el equilibrio climático del planeta, pero los incendios también ponen en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas considerados los guardianas de la Amazonia. 

"La naturaleza está llorando y nosotros estamos llorando (...) si no detenemos está destrucción, seremos nosotros los que nos extinguiremos, quemados, y el cielo caerá sobre nosotros, como ya ha empezado a suceder", manifiesta un grupo de líderes indígenas del pueblo huni kuin.

El mundo entero observa preocupado las imágenes de la Amazonia devorada por las llamas. No es para menos. Con sus "ríos voladores", también llamados "cursos de agua atmosféricos", que llevan vapor a otras partes de Brasil, y su multitud de especies, la Amazonia captura el 10 % del total de CO2 y genera el 20 % del agua dulce del planeta. Brasil alberga el 60 % del total de este 'tesoro' ambiental. 

Pero ¿cuál es la causa de los incendios?

Científicos y organizaciones no gubernamentales tienen una respuesta unánime al alarmante incremento de los incendios, de un 85% en lo que va de año en comparación con el mismo período de 2018: los fuegos están ligados a la deforestación provocada por agricultores, madereros e invasores de tierras (a menudo demarcadas como indígenas) alentados por las políticas de Bolsonaro favorables a abrir las áreas protegidas al agronegocio. Solo en julio, se destruyeron 2.254 kilómetros cuadrados.

"Estos terribles incendios no son accidentales. El ataque a la Amazonia se está viendo facilitado por la retórica y por las acciones de Bolsonaro contra los pueblos indígenas y el medioambiente, a niveles que no veíamos desde hace 50 años. La Amazonia y los pueblos indígenas están siendo destruidos a un ritmo extremadamente acelerado", advierte el director de Survival International, Stephen Corry.

Los incendios no son nuevos, pero sí los mayores de los últimos siete años. Normalmente, aumentan con la llegada de la temporada seca en el mes de julio. El fuego es utilizado por los hacendados, muchos invasores de tierras, para abrir caminos y preparar el terreno para la agricultura y la ganadería. Y muchas veces termina por descontrolarse y propagarse a causa de la sequía.

El Gobierno brasileño justifica el aumento de los incendios solo a la sequía, pero el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM) contradice esta versión: la temporada seca de 2019 ha sido menos severa que años anteriores y, sin embargo, el número de incendios se ha multiplicado.

El agronegocio

En su informe 'Enganchados por la carne', Greenpeace advierte que la agricultura, especialmente el cultivo de soja, y la ganadería son las principales causas de las crisis climática mundial y responsables de dos tercios de la deforestación total de América del Sur.

Después de China, la UE es el segundo mayor importador de soja del mundo y destina el 87 % del grano que recibe a la alimentación animal. "El consumo excesivo de carne y productos lácteos contribuye a la deforestación", advierte el texto.

Este es el motivo por el que, en medio de este desastre, gobiernos como el de Oslo –que recientemente cortó sus ayudas a Brasil– ha pedido a las empresas noruegas, que operan en el gigante latinoamericano, asegurar sus cadenas de producción libres de deforestación.

En 2006, se acordó implementar en Brasil la 'Moratoria de Soja', un compromiso voluntario para no comprar grano procedente de explotaciones dentro de la Amazonia brasileña, fruto de la deforestación. A pesar de su éxito, desde entonces la industria ha seguido expandiéndose hasta incrementar la superficie de cultivos a 35.000 kilómetros cuadrados. "La soja sigue siendo un considerable impulsor indirecto de la deforestación, pues los ganaderos se trasladan a otras tierras, a menudo llenas de árboles, para reemplazar las que están ahora siendo cultivadas con soja", explica el informe.

"Directa o indirectamente, las empresas terminan participando en la deforestación, con excepción de aquellas que decidieron eliminarla de sus cadenas de producción, y es este el camino que deben seguir todas las compañías", explica a RT Danicley Aguiar, de la campaña de Greenpeace en la Amazonia.

En mayo de 2018, cinco de las principales empresas de soja, entre ella las multinacionales estadounidenses Cargill y Bunge, fueron multadas por actividades vinculadas a la deforestación ilegal. 

"Este gobierno es vuestro"

Ya durante su campaña electoral de 2018, Bolsonaro prometió restar competencias a los organismos públicos Ibama [el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables] e ICMBio [el Instituto Chico Mendes para la Conservación ], abrir las zonas protegidas y las tierras indígenas a la agricultura y a la minería y diminuir la "industria de la multa" por crímenes medioambientales. 

En el poder, el ultraderechista amenazó con abandonar el Acuerdo de París sobre el Clima y fusionar las carteras de Agricultura y Medio Ambiente, estas dos medidas no llegaron a materializarse. También quiso traspasar a la cartera de Agricultura la demarcación de tierras indígenas en manos de la Fundación Nacional del Indio (Funai), pero la iniciativa fue tumbada por el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). 

El presidente ha librado una guerra contra las organizaciones de defensa medioambiental. La última ofensiva ocurrió la semana pasada cuando las acusó de estar detrás de los incendios de la Amazonia. Días antes, el director del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) fue destituído después de que el presidente considerase que no eran ciertos los datos sobre la deforestación publicados por este organismo gubernamental.

Bolsonaro eligió como ministro de Medio Ambiente a Ricardo Salles, un joven abogado que antes de asumir la cartera fue declarado culpable de fraude por modificar un plan de protecciones ambientales para favorecer los intereses mineros en la cuenca del río Tiete en Sao Paulo. En opinión de Salles, lo que la Amazonia necesita son "soluciones capitalistas". Los cambios que quiso realizar en la gestión del Fondo Amazonia, financiado por Alemania y Noruega, y que se encarga, entre otras cosas, de combatir la deforestación y luchar contra los incendios, provocó su paralización y la pérdida de millones de dólares en ayudas.

Para dirigir la poderosa cartera de Agricultura, Bolsonaro se decantó por Tereza Cristina da Costa, conocida como 'la musa del veneno' por su voluntad de flexibilizar el uso de agrotóxicos y jefa de la bancada ruralista, cuyo apoyo fue esencial para que el exmilitar alcanzase la presidencia. "Este gobierno es vuestro", llegó a decir Bolsonaro recientemente a los diputados del Frente Parlamentario de Agropecuaria (FPA).

"Los ruralistas, en coordinación con el sector minero, están ayudando a impulsar la agenda amazónica de Bolsonaro. Trabajando desde el gobierno, los representantes de esta industria eliminan las protecciones para los bosques y los derechos sobre la tierra para obtener un acceso sin restricciones a las áreas actualmente protegidas de la actividad industrial", señala la ONG Amazon Watch.

Comercio exterior

En las redes, el hastag #BoycottBrazil pidiendo el boicot a los productos brasileños ha provocado la alarma del sector empresarial de este país. El agronegocio representa más del 40 % de las exportaciones brasileñas y en 2018 batió una cifra récord al alcanzar los 101.700 millones de dólares. 

Según fuentes del Gobierno, citadas por G1, fue la presión interna del agronegocio la que empujó al Ejecutivo a cambiar de postura y enviar a los militares a combatir el fuego tras más de 20 días de incendios. "Dejó de ser solo una cuestión ambiental. Ahora es una cuestión comercial y económica", afirmó la fuente. 

Blairo Maggi, exministro de Agricultura y uno de los mayores productores y exportadores de soja del país, alertó de que "la retórica del gobierno Bolsonaro llevará al agronegocio al punto cero". "Tenemos una relación muy complicada con Europa y es posible que haya más cierres de mercado", dijo Maggi, conocido como 'el rey de la Soja' y que en 2005 se alzó con el premio de 'Motosierra de Oro' de Greenpeace.

 En 2017, Brasil pidió entrar en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que integran 37 países desarrollados, pero necesita que sus miembros avalen que el gigante latinoamericano cumple una serie de recomendaciones, entre ellas, algunas relacionadas con el medio ambiente. Los líderes del sector empresarial en Brasil –que acaba de escapar de la recesión con un crecimiento de un 0,4%– han alzado sus voces ante el peligro de que su ansiada entrada se encuentre en riesgo. 

"El agronegocio está preocupado ante la visión de que Brasil no protege sus bosques y de que en el mercado internacional se establezca la idea de que existe impunidad. Lo que cuenta es la percepción del consumidor. Es él quien finalmente define a quién compra, qué compra y cómo lo quiere", concluye el portavoz de Greenpeace.


Fuente y Autora: RT / Marta Miera
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