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Venezuela debe denunciar a EEUU por apropiación indebida de activos

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Una nueva orden ejecutiva amplía la prohibición de realizar transacciones con nuestro país

Donald Trump no deja de poner de manifiesto su saña contra Venezuela, que ahora cubre con un manto legal ajeno a toda lógica jurídica. El 5 de agosto entró en vigor un decreto para bloquear los activos de la nación que están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, tal como reza un documento difundido por la Casa Blanca, el cual, de paso, también prohíbe realizar transacciones con nuestro país.

“Todos los bienes e intereses relativos al Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU, que en lo sucesivo se encontrarán en ese país y que pertenecen o están controlados por cualquier persona de EE UU, están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de ninguna otra manera”, reza el texto.

El decreto suscrito por Trump se aplica “al Estado y al Gobierno de Venezuela, a cualquier subdivisión política, agencia o su estructura, entre ellos, el Banco Central de Venezuela (BCV) y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa)”.

Interpretación de los hechos

En opinión del internacionalista y abogado Félix Roque, esta nueva orden ejecutiva amplía e intensifica las acciones injerencistas contra Venezuela. “Sin duda, puede resultar devastadora para una economía ya menguada por los efectos de una guerra económica sin parangón en la historia, tal vez solo comparable al bloqueo que durante 60 años mantiene EE UU contra Cuba”.

De esta forma, ninguna empresa ni ciudadano podrá realizar transacciones comerciales con Venezuela, pues previene (en realidad es una suerte de amenaza) a ciudadanos y compañías extranjeras que se abstengan de realizar transacciones y operaciones comerciales y financieras con nuestro país.

A lo anterior se suma que los activos que Venezuela tiene en el exterior, como inversiones petroleras en Alemania, Italia y otros países europeos, así como inversiones en Curazao (refinería Islas), en Jamaica (país que se apropió de una refinería venezolana), o cualquier cuenta bancaria que Venezuela tenga en el mundo, serán objeto de aprehensión en cumplimiento de esta orden, explica Roque.

Por su parte, Fernando Rivero, constituyente por el sector de trabajadores, quien es abogado y filósofo, considera que Trump envuelve jurídicamente una situación de hecho, en tanto ya ha confiscado activos del Estado venezolano. “Ahora le da un manto de legitimidad para apropiarse de los recursos económicos y financieros del país. Eso agravará la situación económica. Pero eso no es tan grave como el bloqueo naval, que consistiría en cortar la vía de suministros de todo tipo de insumos y productos que ingresan”.

Para Rivero, el Estado venezolano está en la obligación de denunciar este conjunto de acciones ante la ONU y la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, puesto que afectan los derechos humanos y la calidad de vida de la población venezolana.

Añade que “en el Foro de Sao Paulo se acordó buscar que los gobiernos discutan una resolución condenando la injerencia extranjera. Los constituyentes tenemos un encuentro previsto para el 9 de diciembre en Cochabamba, Bolivia, y en octubre la jornada internacional de solidaridad con Venezuela, que abarcará los cinco continentes”.

El internacionalista Franklin González señala que el Gobierno de Trump busca que en Venezuela cesen las importaciones y que no ingresen los productos del programa alimentario CLAP.

Despliegue de fuerzas

Agrega Roque que debemos hacer grandes sacrificios para abastecernos. “El Gobierno tendrá que acompañar a empresarios (pequeños y medianos) y al movimiento comunal y campesino; deberá desplegar fuerzas del poder popular para evitar que el desabastecimiento se profundice, que la hambruna sobrevenga y, con ello, se nos declare como Estado fallido. En lo externo, deberá seguir profundizando alianzas, hacer las denuncias ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal). Venezuela tendrá que defenderse jurídicamente, ejerciendo acciones legales ante tribunales internacionales por apropiación indebida que las autoridades de EE UU han ejecutado contra nuestros activos”.

Roque considera que tanto la Fiscalía como la Contraloría deben ser más audaces y eficientes en las medidas judiciales internas, que no se han aplicado con el rigor y la coercibilidad necesaria contra las personas de la oposición que han participado en el coro delictivo por apropiación de Citgo y el cobro de los bonos 2020 de Pdvsa.

desmadre opositor

Ante el decreto, la respuesta del diputado a la Asamblea Nacional (AN) Jorge Millán fue: “Después de 20 años de desgobierno, primero de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, observamos un nivel de endeudamiento, el cual ha comprometido los activos de la República y la propia calidad de vida de los venezolanos. Yo creo que esta medida contribuye con la protección de nuestros activos en el exterior”.

Entre bloqueos

Como antecedente, la historia registra el bloqueo naval a nuestras costas en 1902, durante el gobierno de Cipriano Castro. Dicha acción fue ejecutada por gobiernos de Europa para que Venezuela pagara una deuda comercial. EE UU procuró de una solución negociada que al final se logró. Los buques alemanes se retiraron. Roque puntualiza que, pese a ser una acción injerencista, las actuales acciones revisten una naturaleza distinta.

La Cancillería venezolana se pronunció vía comunicado. “Washington ha emitidito otra orden ejecutiva que pretende formalizar el criminal bloqueo económico, financiero y comercial ya en marcha, que ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante los últimos años y cuyo único objetivo es ahorcar al pueblo venezolano para forzar un cambio de Gobierno”. Entretanto, el presidente Nicolás Maduro llamó a los habitantes del país a mantenerse en unión cívico- militar para resguardar la soberanía de la nación.


Fuente y Autora: CCS/ Marbelys Mavárez Laguna
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